domingo, 12 de mayo de 2013

Resistencia de Comunidades a Megaproyectos


Resistencia en el Istmo de Tehuantepec
Frenan proyecto
Cautela indígena ante el anuncio de que se cancela parque eólico
Exigen que Mareña Renovables renuncie por escrito a instalar aerogeneradores en la barra de Santa Teresa
Serán ubicados en otra parte de esa región oaxaqueña, anunció el secretario estatal de Desarrollo
Rosa Rojas

Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 2
El anuncio del secretario de Turismo y Desarrollo Económico del gobierno de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, de que Mareña Renovables –(MR) sociedad de inversión con capitales de Holanda, Japón, Australia, México y España– ya no va a construir el parque eólico San Dionisio en la barra de Santa Teresa y reubicará 270 aerogeneradores en otra parte del istmo de Tehuantepec, es un primer triunfo, importante, pero “es apenas un round de quién sabe cuántos”, es algo que hay que ver con cautela; además se tiene que hacer por escrito tanto por la propia empresa como por el gobierno.
Así lo plantearon, en entrevistas vía telefónica por separado, Isaúl Celaya, de la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar (APSDM); Bettina Cruz, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio; Mariano López Gómez, de la Asamblea del Pueblo Juchiteco, y Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo.
Beas afirmó que el anuncio de Zorrilla fue hecho tras el retraso en la ejecución de obras debido a las protestas y por la suspensión de plano otorgada por el juzgado séptimo de distrito en el estado de Oaxaca, en respuesta a la demanda de amparo de la comunidad de San Dionisio del Mar.
Con matices, los entrevistados subrayaron que subsiste el problema de fondo en los movimientos de resistencia contra los proyectos eólicos, ya que no se respeta el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada sobre cualquier cosa que se quiera hacer en sus territorios, como establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y ese sería el caso también de la supuesta reubicación del proyecto de MR.
La ocupación del palacio municipal de San Dionisio del Mar se mantendrá, lo mismo que el bloqueo en la agencia municipal de Álvaro Obregón en tanto las respectivas asambleas analicen el anuncio hecho por Zorrilla y se oficialice por escrito. Asimismo continúa el plantón a la salida de Juchitán hacia playa Vicente contra la construcción del parque eólico de Gas Natural Fenosa, indicaron los entrevistados.
De la misma forma se mantiene la decisión de las comunidades de no permitir la realización de elecciones para alcaldes y diputados locales el 7 de julio y elegir por usos y costumbres al presidente municipal en San Dionisio y al agente municipal en Álvaro Obregón.
Zorrilla, según el diario digital e-oaxaca.com, en declaraciones a medios locales informó la noche del miércoles que el gobierno de Oaxaca y la Federación convinieron con MR el retiro de sus aerogeneradores de la zona de la barra de Santa Teresa para destensar el conflicto por la construcción de su parque eólico valuado en poco más de mil millones de dólares, luego de los problemas causados por instalación de aerogeneradores en una presunta zona sagrada.
Parque eólico en La Venta, municipio de Juchitán, OaxacaFoto Francisco Olvera
El funcionario subrayó que las empresas eólicas tienen 100 mil hectáreas de espacio para operar, y sólo han trabajado sobre 12 mil, por lo que hay mucha tierra ofertable fuera de la zona en conflicto.
Beas comentó que el retiro de MR de la barra de Santa Teresa es un triunfo de la heroica resistencia de un año de los pueblos del Istmo; en particular de nuestros hermanos de San Dionisio del Mar y Álvaro Obregón, y es resultado también, sin lugar a dudas, de la intensa solidaridad de los pueblos istmeños y del apoyo de muchas organizaciones y pueblos dentro y fuera del país.
Celaya precisó que en la APSDMno vamos a dejar en ningún momento cabos sueltos; por eso tanto el amparo (contra dicho proyecto) como la demanda de anulación del contrato de 2004 de usufructo de las tierras con Preneal vendido a Mareña, ante el Tribunal Agrario de Tuxtepec, siguen su proceso hasta las últimas y lo del pedido al BID de cancelar el financiamiento a la empresa lo vamos a analizar con los abogados para ver cómo lo vamos a aterrizar.
Bettina Cruz comentó que el problema de fondo es la violación a los derechos indígenas, que no hay consulta previa e informada. Las empresas no dicen que en Unión Hidalgo sale azul el agua de los pozos pegados al parque eólico de Eurus, que los aerogeneradores están chorreando aceite; no les dicen que sólo la empresa puede cancelar el contrato, ni que sus tierras que rentan a las empresas van a quedar hipotecadas y ya no van a poder conseguir crédito para cultivarlas si no es con permiso de la empresa; a ver si después de eso la gente acepta, enfatizó.
Beas mencionó que el martes 7 quedó claro el clima de violencia que se vive en la región, cuando fueron amenazadas dos integrantes de la Unidad de Observación del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México, una de ellas Laurie Leandri, quienes acudieron a San Dionisio del Mar, donde se entrevistaron con miembros de la asamblea, luego fueron a Unión Hidalgo y después, mientras hablaban con otros dos defensores, un hombre se acercó a su chofer y le dijo que ya sabían de sus visitas y les exigió que se fueran porque ya habían visto con quienes estaban.
Lo anterior hizo que cancelaran esa entrevista y la visita que iban a hacer a Álvaro Obregón y a la barra de Santa Teresa. Eso evidencia el hostigamiento que viven las comunidades y la falta de protección para defensores de derechos humanos, aseguró.
(Con información de Octavio Vélez, corresponsal

Resistencia de Comunidades a Megaproyectos


Resistencia en el Istmo de Tehuantepec
Dirigente niega que empresas utilicen golpeadores para imponer proyectos
La industria eólica considera que todo es negociable para instalar parques
Afirma que en la actualidad hay unos mil 500 megavatios en operación en el sector

Adrián Escofet Cedeño, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria EólicaFoto Guillermo Sologuren
Rosa Rojas

Periódico La Jornada
Viernes 10 de mayo de 2013, p. 3
Todo es negociable para evitar problemas con las empresas eólicas que se están instalando en el país, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Eólica (AMDEE), Adrián Escofet Cedeño, convencido del beneficio que representa para el desarrollo nacional el impulso a esa energía.
En entrevista, estimó que los medios no informan adecuadamente sobre la industria eólica, al no revelar la importancia de su inversión y desarrollo, y dijo que no puede centrarse la atención sólo en los supuestos problemas que ha enfrentado la empresa Mareña Renovables en San Dionisio del Mar, cuando hay 17 parques eólicos en operación en Oaxaca y otros en desarrollo.
Escofet apuntó que hace 10 años prácticamente no había ningún proyecto eólico de relevancia, y hoy hay casi mil 500 megavatios en operación, quizá 5 por ciento de la capacidad eléctrica instalada del país.
Para 2016 habrá instalados en México entre 5 mil y 6 mil megavatios eólicos, lo que representará una inversión de unos 15 mil millones de dólares; la meta es llegar a 12 mil megavatios en 2020, sobre todo en Oaxaca, Chiapas y el norte y centro del país, indicó.
Esta industria no agrede ni al ambiente ni a la tierra, es una fuente de ingresos adicionales a los dueños de la tierra y les permite seguir utilizándola como lo venían haciendo, aseveró.
Sobre la acusación de algunas organizaciones de que hay empresas eólicas que contratan a golpeadores para imponer sus proyectos, contestó: “eso es mentira, que alguien lo demuestre, es muy fácil hablar sin pruebas... los golpeados, el herido que está gravísimo –un policía– y el muerto que hubo desafortunadamente hace un par de años, no son las empresas, son gente de Juchitán o de la zona del Istmo contra gente de la misma zona o gente de fuera. En ningún caso son las empresas, es la población contra la población, que eso es lo grave y lo dramático”.
Treinta proyectos
Hijo de un ex director de la CFE, Escofet, ingeniero civil por la UNAM, es director ejecutivo de la empresa Zapoteca de Energía, que desarrolla un parque eólico en la zona de Juchitán, Oaxaca, para generar 70 megavatios.
Aquí, un extracto de la entrevista con Escofet:
–¿Por qué dice supuestos problemas en Oaxaca? En Demex hay propietarios que han estado pidiendo la anulación de sus contratos... Hace dos años hubo un muerto en uno de los volanteos que llegó un grupo de choque... También hay problemas con Gas Natural Fenosa (GNF) en Juchitán.
–Sin tratar de minimizar el conflicto que sí existe hoy con un proyecto en particular, hay que dimensionar la problemática, porque si no, solamente se habla de la problemática y no de todos los casos que han sido de éxito. Hablamos del orden de 30 proyectos.
El proyecto de GNF aparentemente ya llegaron a un acuerdo con los propietarios (aunque hasta el cierre de esta información se mantenía, desde el 25 de febrero, un plantón de protesta en Juchitán en demanda de la cancelación de ese proyecto). En realidad la resistencia al proyecto no son los propietarios de los terrenos, hay grupos que mantienen sus propias agendas.
–¿Usted sabe cuánto se le paga a un propietario español por (el apartado de) una hectárea de tierra?
–Lo mismo que estamos pagando en México.
–¿Ciento cincuenta pesos por hectárea al año?
–Nadie paga 150 por hectárea; es una mentira... No hay ni un contrato hoy vigente en 2013 en el istmo (de Tehuantepec) que pague 150 pesos por hectárea. En nuestro caso, estamos pagando mil pesos por hectárea al año, y por ahí andan todos... el mercado se ha ido ajustando y hoy está a nivel de lo que se paga a escala mundial.
–Yo he visto contratos de pagos de 150 pesos por hectárea.
–¿De qué año y de que empresa?
–Preneal...
–Que ahora es Mareña. Ese caso es diferente. No podemos centrar el tema de la industria eólica en Oaxaca, que es por mucho la inversión más importante que ha tenido el estado en su historia... en un solo sector...
Usted me decía el tema de Mareña de las protestas que hay en términos generales; una es que son contraprestaciones muy bajas; eso estoy seguro, porque lo hemos vivido todos los desarrolladores, se puede negociar... el otro tema es el de si el proyecto provoca situaciones en contra de la pesca; lo que sí sabemos es que el proyecto de Mareña tiene una autorización de Semarnat para su construcción y lograr una autorización de Semarnat no es cosa fácil.
–¿Hay algo más atrás todavía, que es la cuestión de la consulta previa que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en los casos de tierras comunales o ejidales propiedad de indígenas?
–La Semarnat hace consultas, pone a disposición de todo mundo, lo publica... para ver si hay alguien que tenga algo que comentar al respecto. Por otro lado, todas las empresas han negociado... con los propietarios, y para ello les explica cuál es el proyecto, cuál es la intención, etcétera, y eso es una consulta pública directa con los interesados.
–Pero no con los mecanismos que establece el convenio 169, porque Semarnat lo sube a Internet y muchos pueblos indígenas no tienen Internet.
–¿Cuál es el mecanismo del convenio 169?
–La consulta tendría que ser a través de sus propios mecanismos, de sus propias autoridades; digamos la asamblea comunitaria y convocando a toda la población que sería afectada.
–Eso se hace porque de ahí resultan las firmas de los contratos con cada uno de ellos. Su servidor ha estado reunido en varias ocasiones con 140 propietarios que tenemos en nuestro polígono... se les convoca con anticipación, todos tienen derecho a hablar... se les explica de la mejor manera posible y me consta que la gran mayoría de las empresas así lo ha hecho.
En México es mejor
–Los contratos que yo vi que eran de Demex, Preneal-Mareña y Unión Fenosa, dicen que va a haber una derrama de 1.4 a 1.5 por ciento trimestralmente de los ingresos brutos por la venta de la energía. Me dicen que en varias partes del mundo están pagando hasta 10 por ciento, y que en países como Dinamarca o Japón incluso son socios de la empresa hasta 20 por ciento.
–En México el tema es todavía mejor... eso ha ido cambiando y actualmente durante la operación son pagos fijos... por afectación real a los terrenos en donde hay caminos, plataformas, una bodega, por metro cuadrado, y se paga dinero por cada aerogenerador, son cuotas fijas... ya no es porcentaje... los propietarios de los terrenos equivale a que fueran socios en 20 o 30 por ciento del parque pero, a diferencia de los socios, ellos cobran siempre, independientemente de si se genera electricidad o no.
–Otra cosa: en la barra de Santa Teresa hay por lo menos tres sitios sagrados que los huaves no quieren que se toquen.
–Pues que no los toquen, pero a ver, eso no está contemplado en la manifestación de impacto ambiental.
–No, pero está contemplado en el convenio 169, que es ley en México.
–¿Y no lo contemplaron las autoridades cuando firmaron los contratos? Pero, insisto, todo eso es negociable. Si hay una zona de restricción por un tema de una tradición religiosa, de lugares sagrados, etcétera, no creo que haya ninguna empresa, ninguna, de las que estamos en el sector eólico, que no reconozca que eso es intocable.
–¿Hay quien piensa que no es justo que la empresa se quede con todo el importe de los bonos verdes,que algo debe tocarle también a los propietarios de las tierras.
–En cualquier actividad económica gana más el que pone más... Si usted renta un terreno para un taller mecánico y le cobran de renta equis pesos por día y tiene dos coches para arreglar al día y después ya tiene 40 autos al día, el dueño no le va a subir la renta porque ya pactó y negoció de buena fe; bueno, es el mismo caso, vamos a pactar lo que es la renta en una justipreciación y ya.


martes, 7 de mayo de 2013

PRIVATIZACIÓN DE LA ELECTRICIDAD EN MÉXICO


Aumentaron su capacidad en 500 mw
Productores externos ya generan 31.4% de energía
Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Martes 7 de mayo de 2013, p. 26
Los productores externos de energía ya generan 31.4 por ciento de la electricidad del país, y el restante 68.6 por ciento corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se desprende del informe de la Cuenta Pública 2012 enviado a la Cámara de Diputados.
El reporte detalla que las compañías privadas lograron aumentar su capacidad instalada de generación en 500 megavatios (mw) por hora ese año respecto de 2011, incluso por arriba de la autorizada por el gobierno federal durante el último año de gobierno de Felipe Calderón.
En tanto, la CFE, sólo creció en ese mismo renglón en 22.7 megavatios por hora, a pesar de que su capacidad instalada efectiva de generación se situó en 39 mil 362.2 megavatios, lo que representa un aumento anual de 0.23 por ciento. Esto se debió, explica el documento, a que si bien entraron en operación cuatro unidades, así como la rehabilitación y modernización de ocho más, dejaron de operar siete unidades.
Las nuevas plantas (Turbogas de la Central Termoeléctrica General Manuel Álvarez Moreno, unidad 3 de la CCI Baja California Sur, la unidad 3 de la Central Hidroeléctrica Zumpimito y la primera Central Fotovoltaica Tres Vírgenes) contribuyeron con 521 mil 565 megavatios.